Precedente Constitucional
PONENCIA
DOCTOR
HERNAN
ALEJANDRO OLANO GARCIA
(Colombia)
RESUMEN: Desde el derecho procesal constitucional, el presente
artículo analiza el valor del precedente jurisprudencial en el ordenamiento
constitucional colombiano, como principio general en el cual se apoya el juez
para dictar sus decisiones y efectúa su relación con el derecho penal.
ABSTRACT: Since the
constitutional legal right, the present article analyzes the value of the
preceding one jurisprudencial in the Colombian constitutional code, as general
principle in which the judge is supported to dictate his decisions.
PALABRAS CLAVE: Sentencia de la Corte Constitucional.
Precedente Constitucional. Jurisprudencia. Efectos de la Sentencia.
KEY WORDS: Sentence of
the Constitutional Court
LA “JURISPRUDENCIA” EN NUESTRA CONSTITUCIÓN:
¿Qué es una sentencia constitucional? Acaso ¿no serían todas las
sentencias el producto de una decisión constitucional? ¿Porqué individualizar
una sentencia constitucional como diferente de los demás pronunciamientos judiciales?
¿Es, entonces, una sentencia distinta?
Estos y otros interrogantes hace Osvaldo Alfredo Gozaíni[1]
y podríamos también hacérnoslos nosotros sobre el valor de la Jurisprudencia en
nuestra Constitución. Precisamente, antes de 1991, según lo refiere en forma
detallada la Sentencia
C-836 de 2001,
“La figura de la doctrina legal más probable, como fuente de
derecho fue consagrada inicialmente en el artículo 10º de la Ley 153 de 1887, que adicionó
y reformó los códigos nacionales, la
Ley 61 de 1886 y la
Ley 57 de 1887, establecía que “[e]n casos dudosos, los
Jueces aplicarán la doctrina legal más probable. Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema , como
Tribunal de Casación, sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina
legal más probable.”
Posteriormente, la Ley
105 de 1890 sobre reformas a los procedimientos judiciales, en su artículo 371
especificó aun más los casos en que resultaba obligatorio para los jueces
seguir la interpretación hecha por la Corte Suprema y cambió el nombre de doctrina
legal más probable a doctrina legal, estableciendo que “[e]s doctrina legal la interpretación que la Corte Suprema dé a
unas mismas leyes en dos decisiones uniformes.
También constituyen doctrina legal las declaraciones que la misma Corte
haga en dos decisiones uniformes para llenar los vacíos que ocurran, es decir,
en fuerza de la necesidad de que una cuestión dada no quede sin resolver por no
existir leyes apropiadas al caso.”
A su vez, el numeral 1º del artículo 369 de dicha ley estableció como
causales de casación, la violación de la ley sustantiva y de la doctrina
legal.”
Posteriormente,
el ya citado artículo 4 de la Ley
169 de 1893, “estableció la facultad de
los jueces inferiores y de la
Corte Suprema para apartarse de las decisiones de éste
última, y la institución de la doctrina legal fue remplazada por la de doctrina
probable. Sin embargo, con ello no se
estaba avalando la plena autonomía de los jueces inferiores para interpretar la
ley, pues la misma Ley 169, en su artículo 2º, determinó que, como causal de
casación, la violación directa de la
ley sustantiva, podía surgir por “efecto
de una interpretación errónea de la misma”, o por la “indebida aplicación de ésta al caso del
pleito.”
Señalándose
además en la referida Sentencia de la Corte Constitucional ,
“Desde un punto de vista orgánico, es necesario tener en cuenta
que para el año de 1896, la
Corte Suprema de Justicia era la cabeza única de la
jurisdicción y que, a pesar de que el Consejo de Estado también contaba con un
fundamento constitucional como cabeza de la justicia contencioso
administrativa, el ejercicio de esta competencia estaba supeditado
constitucionalmente a que la ley estableciera dicha jurisdicción. Posteriormente, en 1905, el Acto Legislativo
No. 10 suprimió el Consejo de Estado, sin que jamás hubiera ejercido su función
jurisdiccional. No fue sino hasta el año de 1910, mediante el Acto Legislativo
03, desarrollado por la Ley
130 de 1913, que se dispuso la creación de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, restableciéndose el Consejo de Estado a través del Acto
Legislativo 01 de 1914. Fue sólo hasta
entonces que se estableció en nuestro país la dualidad de organizaciones
jurisdiccionales.
En la medida en que el Consejo de Estado carecía legalmente de
funciones jurisdiccionales en el momento en que fueron expedidas las normas que
crearon la doctrina legal y la doctrina probable, estas dos instituciones, y
los grados de autonomía que conferían, resultaban aplicables a toda la
actividad judicial. Con todo, la
regulación actual de los procedimientos judiciales ante las diversas
jurisdicciones y de las facultades de los jueces pertenecientes a cada una de
ellas son independientes. A pesar de
ello, y sin desconocer que la autonomía judicial varía dependiendo de la
jurisdicción y de la especialidad funcional, el análisis general de dicha
prerrogativa es predicable de los jueces que integran la administración de
justicia, tanto los que corresponden a la denominada jurisdicción ordinaria,
como a los que pertenecen a la justicia administrativa y constitucional.”
Cuando
aún era la Corte Suprema
de Justicia esa “cabeza única”, como
se expresa en la cita anterior, ésta, a través de la Sala de Casación Civil,
definió así la jurisprudencia[2]:
“En rigor, la jurisprudencia tiene una misión
que rebasa los marcos de la gramática y de la indagación histórica: el de
lograr que el derecho viva, se remoce y se ponga a tono con la mentalidad y las
urgencias del presente, por encima de la inmovilidad de los textos, que no han
de tomarse para obstaculizar el progreso, sino ponerse a su servicio,
permitiendo así una evolución jurídica y firme a todas luces provechosa.”
El
actual artículo 230 Superior[3],
dispone lo siguiente:
“Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio
de la ley.
La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del
derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.”[4]
Dicho
texto, que no tiene equivalente en la
Carta de 1886, no ha tenido modificación durante los primeros
dieciocho años de vigencia de la Constitución ,
reitera la tradicional distinción entre la ley y su fuerza vinculante y
la jurisprudencia y su criterio auxiliar de la actividad judicial;
correspondiendo al artículo que fuera aprobado por la plenaria de la Asamblea Nacionalla
Comisión de Estilo de Yerbabuena no se le introdujo ninguna
observación a la redacción inicial. La votación del artículo en Plenaria fue de
39 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra; en primer debate había
obtenido 44 votos afirmativos y ninguna abstención o voto negativo.
El
texto inicialmente propuesto en la Asamblea
Nacional
“Los jueces, en sus providencias, sólo están
sometidos al imperio de la ley. En ellas se fundan las sentencias. La
interpretación judicial preexistente y
los principios generales de derecho y la equidad son criterios de
aplicación de la ley.”
Cabe
anotar que los únicos textos en parte coincidente con lo que estudiamos, se
encuentran en el Código Civil, el cual en sus artículo 17 y 18 nos hablan tanto
de la ley como de la jurisprudencia.
El
artículo 18 del Código Civil dice así:
“La ley es obligatoria tanto a los nacionales como a los
extranjeros residentes en Colombia.”
Mientras
que el artículo 17, del citado Estatuto, se encuentra redactado en los
siguientes términos:
“Las sentencias judiciales no tienen fuerza
obligatoria, sino respecto de las causas en que fueron pronunciadas. Es, por
tanto, prohibido a los jueces proveer en los negocios de su competencia por vía
de disposición general o reglamentaria.”
Los
artículos 17 y 18, prácticamente sin comentarios, más que los que se encuentran
en la doctrina, en la que vemos hasta hace unos pocos años, que la ley era la
única fuente del derecho y que la jurisprudencia no vinculaba al juez por ser
una fuente supletoria.
Sin
embargo, en la Sentencia
del 17 de mayo de 1968, la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema
“En rigor, la jurisprudencia tiene una misión que rebasa los
marcos de la gramática y de la indagación histórica: el de lograr que el
derecho viva, se remoce y se ponga a tono con la mentalidad y las urgencias del
presente, por encima de la inmovilidad de los textos, que no han de tomarse para
obstaculizar el progreso, sino ponerse a su servicio, permitiendo así una
evolución jurídica sosegada y firme, a todas luces provechosa.”
Y,
la misma Corte Suprema de Justicia, mediante decisión de la Sala de Casación Laboral, en
época más reciente y con ponencia del magistrado Carlos Isaac Nader[5],
expresó en diversos apartes lo siguiente:
“La jurisprudencia no obliga a los jueces. No existe regla de
escoger el criterio jurisprudencial mas favorable al trabajador.”
(…)
No existiendo duda entonces referente a que la jurisprudencia no
obliga a los jueces, dado que ellos en sus decisiones, se repite, sólo están
sometidos al imperio de la ley, es inadmisible la tesis de la censura relativa
a que en este caso el juzgador de segundo grado debía acoger entre los dos
criterios jurisprudenciales existentes en torno la procedencia de la indexación
de la primera mesada pensional, al que más favorecía al trabajador, pues se
reitera, no existe imperativo semejante en nuestro ordenamiento jurídico…
(…)”
Aunque
en la misma providencia se pueden ver puntos de avance, luego se retrocede en
la validez del precedente, como se nota en los siguientes dos dispares párrafos
de la misma sentencia de la
Corte Suprema de Justicia:
(…) Usualmente los jueces en las controversias jurídicas que
acusan incertidumbre optan por acoger como razonamientos orientadores las
decisiones jurisprudenciales que sobre la materia objeto del debate han trazado
las corporaciones que cumplen la función especial, entre otras, de unificar la
jurisprudencia nacional tratándose del ordenamiento legal. Actitud sensata y
revestida de toda lógica dado que la jurisprudencia es el resultado de la
ponderación detenida y profunda de las diversas tesis expuestas sobre los
puntos de derecho discutidos por los litigantes, analizados por los
doctrinantes y estudiados por los jueces en las instancias, de tal suerte que
las decisiones doctrinales referidas estén soportadas en la experiencia, el
conocimiento de los diversos planteamientos esgrimidos en el desarrollo de los
debates judiciales y aún en la actividad académica, de manera que sus juicios,
así debe entenderse, son los que aclaran o definen con acierto las
imprecisiones de la ley o suplen debidamente los vacíos que esta revela… …
(…)
Lo anterior no significa que los jueces estén coaccionados a
acoger como suya la doctrina de las altas cortes, pues a más que
constitucionalmente están liberados de esa imposición, lo razonable es que si
encuentran nuevos argumentos o elementos de juicio que los lleve al convencimiento
de que la solución a la discusión jurídica propuesta es contraria a la solución
ofrecida por la doctrina jurisprudencial se orienten sus decisiones por la
regla lógica que estimen adecuada.”
Mientras
que por su parte, la
Corte Constitucional , en la Sentencia C-083 de
1995, había contemplado el valor innegable de la jurisprudencia cuando procedió
a analizar una demanda contra el artículo 8 de la Ley 153 de 1887 y resolvió
incluir en el fallo la siguiente afirmación:
“Al referir a la jurisprudencia, en tanto que "criterio
auxiliar de la actividad judicial", debe entenderse que el constituyente
del 91 le da al término un alcance más amplio que el que tiene en la ley 169 de
1896, puesto que no sólo la
Corte Suprema de Justicia como Tribunal de Casación, crea
hoy, con sus fallos, pautas plausibles de orientación a los tribunales y jueces
de niveles subalternos. Lo hacen también otras corporaciones judiciales no
existentes aún hace un siglo, como el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
Queda dicho ya, que las orientaciones así trazadas no son vinculantes sino
optativas para los funcionarios judiciales. Además, no resulta justificado ni
razonable, en la actualidad, circunscribir la jurisprudencia al campo del
derecho común ni atribuir sólo al recurso de casación la virtud de generarla.“
Incluso
el Consejero de Estado Ricardo Hoyos Duque[6],
dijo que en el proyecto de reforma a la justicia que el gobierno se propuso en
2006 presentar al Congreso, se pretendía modificar el artículo 230 de la Carta para establecer que la
jurisprudencia de la
Corte Suprema y el Consejo de Estado fuesen “vinculantes para quienes administran
justicia”. Para ello establecía el proyecto de reforma retirado tres
subreglas:
a. Mayoría calificada y precisa motivación.
b.
Debe señalarse en la parte resolutiva y
c.
La motivación no constituye jurisprudencia.
Sin embargo, ya en la
Ley 19 de 1896, artículo
4, que subrogó el artículo 10° de la
Ley 153 de 1887, se introduce en nuestro sistema normativo y
judicial, el concepto de doctrina probable, al afirmar que tres sentencias
uniformes de la Corte
Suprema de Justicia constituyen dicha doctrina, la cual sirve
de criterio de orientación para los jueces en la solución de casos. Hoy, como
recordarán Ustedes, en los artículos 114 y 115 de la Ley 1395, se incorpora una
modificación al sistema del precedente, según dichas normas que dicen así:
Artículo 114. Las entidades
públicas de cualquier orden, encargadas de reconocer y pagar pensiones de
jubilación, prestaciones sociales y salariales de sus trabajadores o afiliados,
o comprometidas en daños causados con armas de fuego, vehículos oficiales,
daños a reclusos, conscriptos, o en conflictos tributarios o aduaneros, para la
solución de peticiones o expedición de actos administrativos, tendrán en cuenta
los precedentes jurisprudenciales que en materia ordinaria o contenciosa
administrativa, por los mismos hechos y pretensiones, se hubieren proferido en
cinco o más casos análogos.
Artículo 115. Facúltese a los jueces, tribunales, altas cortes del Estado, Sala
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura para que
cuando existan precedentes jurisprudenciales, conforme al artículo 230 de la Constitución Política,
el artículo 10 de la Ley 153 de 1887
y el artículo 4° de la Ley
169 de 1896, puedan fallar o decidir casos similares que estén al Despacho
para fallo sin tener que respetar el turno de entrada o de ingreso de los
citados procesos, conforme a lo señalado en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998.
Otra disposición que se
refería al precedente, se encontraba en el artículo 23 del Decreto 2067 de 1991, que atribuye a la doctrina
constitucional el carácter de criterio auxiliar obligatorio para las
autoridades, aunque luego la Corte Constitucional , en Sentencia C-131 de 1993,
declararó
INEXEQUIBLE la expresión "obligatorio". Posteriormente, el artículo 48 de la Ley 270 de 1996 o Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia, que consagra los efectos erga
omnes y el obligatorio cumplimiento a la parte resoluta de las
sentencias de constitucionalidad, siendo la parte motiva sólo un criterio
auxiliar, lo cual a su vez fue modificado por la sentencia C-037 de 1996, por
medio de la cual se estableció la obligatoriedad de la ratio decidendi de la parte motiva.
Una primera pregunta es obvia: ¿Qué
sucede con la
Jurisprudencia de la Corte Constitucional ?
El proyecto desconocía deliberadamente que esta Corte ha desarrollado
importantes líneas jurisprudenciales, no sólo en materia de derechos
fundamentales mediante la revisión de las sentencias proferidas en acción de
tutela, sino que, además, hay una valiosa elaboración en los más diversos
tópicos derivada de las sentencias de constitucionalidad, valor que ha
destacado el profesor Diego López Medina en su importante obra “El Gobierno de los Jueces”.
Pero,
para zanjar esta discusión, la Corte Constitucional en las sentencias C-083 de
1995[7]
y T-068 de 2000[8], dispuso que la
jurisprudencia de la
Corte Constitucional , es doctrina constitucional integradora.
En el segundo de estos fallos, el Ex Magistrado José Gregorio Hernández
Galindo, expresó con suficiente fuerza el valor de la jurisprudencia, en los
siguientes extensos y contundentes apartes del fallo citado:
“Las sentencias que en
materia de amparo profiere el Pleno de esta Corte al unificar jurisprudencia
-contra la simplista interpretación que de las normas constitucionales hace el
Consejo Superior de la
Judicatura en el deplorable proveído objeto de corrección- no
constituyen una creación artificiosa de la doctrina constitucional, sino que
emanan del sentido mismo que en la Carta Política (art. 86 ) tiene la revisión
eventual de los fallos de tutela, y de la norma positiva que reserva a la Sala Plena los cambios
de orientación jurisprudencial (art. 34 del Decreto 2591 de 1991), al tiempo
que obedecen a un imperativo de equidad en la aplicación del Derecho, a la
preservación integral de los derechos fundamentales, inclusive en el trámite y
decisión de los juicios de tutela, no menos que a la necesidad de asegurar la
sujeción de los jueces a unas pautas mínimas en la aplicación concreta de los
preceptos superiores.
En varias sentencias de
esta Corte se ha concluido que la actividad de los altos órganos
jurisdiccionales, al unificar la doctrina -especialmente de índole
constitucional- persigue la realización del principio de igualdad, en cuanto
con aquélla se busca que casos iguales reciban el mismo trato en la definición
del Derecho, en vez de dar lugar a odiosas e injustificadas discriminaciones o
preferencias.
Por consiguiente, las
sentencias de la
Corte Constitucional en las cuales se precise el contenido y
alcance de los derechos constitucionales, sirven como valioso criterio
orientador de la actividad judicial, en cuya virtud se obtenga que no haya
tantas formas de entender y aplicar la Constitución cuantos fallos de instancia se
profieran.
Empero, las decisiones de la Corte Constitucional
cuando, en ejercicio de su función de guarda de la integridad y supremacía de la Constitución , revisa
las providencias dictadas por los jueces en la materia, tiene unos objetivos
diferentes, relacionados con la unificación de la jurisprudencia al respecto,
con la fijación de la doctrina constitucional y con la definición de pautas
para que los jueces en el futuro, en casos similares, tengan en cuenta el
alcance que el órgano límite -esta Corte- señala a los principios y disposiciones
de la Carta Política
sobre los derechos fundamentales y sus garantías.
Consecuencia de ello es la
de que, no obstante recaer la sentencia sobre un caso concreto, como resulta
del Decreto 2591 de 1991, la sentencia de revisión de la Corte Constitucional
se proyecte sobre los casos que presentan las mismas características y esté
llamada a señalar la forma en que ellos deben ser resueltos, con el objeto de
conferir unidad al sistema jurídico de protección de los derechos fundamentales
y de no romper -en cuanto a personas que se hallan en situaciones idénticas- el
principio de igualdad. Y también para que prevalezca el Derecho sustancial
sobre argumentos puramente formales.
Extraña por eso que, con
notoria ignorancia no sólo de la doctrina constitucional y de sus alcances sino
de las propias normas constitucionales (arts. 13, 86 y 241-9 C .P.), así como de los
fundamentos que en todo sistema jurídico tiene la unificación jurisprudencial,
y con absoluto olvido del postulado de prevalencia del Derecho sustancial, que
es obligatorio para los jueces (art. 228 C .P.), el Consejo Superior de la Judicatura -Sala
Disciplinaria- dedique una providencia que debió estar presidida por el
cometido constitucional de defender la efectividad de los derechos
fundamentales dentro de las normas y doctrinas establecidas, a demeritar en
términos no jurídicos e irrespetuosos las instituciones fundadas en el
Ordenamiento superior.”
Volviendo
a nuestro artículo 230, la misma Corte, al estudiar en 1996 la Ley Estatutariala Administración de
Justicia, dijo:
"En efecto, la parte motiva de una sentencia de
constitucionalidad tiene en principio el valor que la Constitución le
asigna a la doctrina en el inciso segundo del artículo 230: criterio auxiliar
-no obligatorio-, esto es, ella se considera obiter dicta.”
Ésta
tesis se ratifica con lo expresado por Konrad Hesse[9],
para quien la jurisprudencia existe exclusivamente para la garantía del Derecho
siempre y cuando el juez sea imparcial y además “la jurisprudencia no permite ciertamente reconocer una línea inequívoca
y fija. La razón (y la dificultad) para ello estriba en que los límites del
control por el Tribunal Constitucional no se pueden describir siempre en una
fórmula pétrea, válida en todo caso.”
Ya
el Ex Magistrado Alejandro Martínez Caballero en la Sentencia C-217la Nación , donde se dijo:
“el artículo 230 del estatuto superior no contempló la posibilidad
de establecer categorías jerárquicas entre los criterios auxiliares de la
actividad judicial (y donde la
Constitución no distingue no es dable al intérprete
distinguir)…”
Luego,
años más tarde, en el 2001, la Corte Constitucional se hizo una pregunta[10]
esencial: ¿cuál es el sentido que debe darse al sometimiento de los jueces al imperio de la ley, y a su autonomía para interpretar y aplicar el
ordenamiento jurídico?
Para
responder a dicho cuestionamiento, según la Corte , se debe tener en cuenta, a su vez, que:
(i) el artículo 113 de la Carta
establece que los diversos órganos del Estado tienen funciones separadas pero
colaboran armónicamente; (ii) que están constitucionalmente encaminados a
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y a
asegurar la vigencia de un orden justo; (iii) que la Constitución
garantiza la prevalencia del derecho sustancial y; (iv) que el principio de
igualdad consagrado en el preámbulo de la Carta , en armonía con las diversas
manifestaciones constitucionales de la igualdad –como derecho- tienen como
presupuestos la igualdad frente a la ley, y la igualdad de protección y trato
por parte de las autoridades del Estado (art. 13).
De
acuerdo con el Decreto 2067 de 1991[11],
que regula los juicios y actuaciones ante la Corte Constitucional ,
las sentencias de este Tribunal se pronuncian "en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución "[12]
y tienen el valor de cosa juzgada constitucional, siendo de obligatorio
cumplimiento para todas las autoridades y los particulares[13]
como lo señala el artículo 45 de la
Ley 270 de 1996. Del mismo modo, la ley dice que la
declaratoria de constitucionalidad de una norma impugnada por vicios formales
no obsta para que ésta sea demandada posteriormente por razones de fondo y, por
esta razón, la
Corte Constitucional deberá confrontar las disposiciones
sometidas a control con la totalidad de los preceptos de la Constitución ,
especialmente con los del Título II. (Hasta 1993 se decía también que siempre
se debía confrontar con el Título II, salvo cuando para garantizar la
supremacía de la
Constitución considerase necesario aplicar el último inciso
del artículo 21 del citado decreto 2067 de 1991[14]).
Es
precisamente desde la declaratoria de constitucionalidad del artículo 45 de la Ley 270 de 1996, cuando la Corte Constitucional
reafirmó la teoría del precedente.
A
mi juicio, la doctrina constitucional[15]
enunciada en las sentencias de la Corte Constitucional ,
mientras no sea modificada por ésta, es criterio auxiliar para las autoridades
y corrige la jurisprudencia[16].
Las modificaciones a la doctrina existente, deberán ser explícitas en la
sentencia.
Valdría la pena señalar que, en el caso español, Javier Tajadura
Tejada[17],
en su artículo titulado “La posición del
Tribunal Supremo y el valor de la jurisprudencia: análisis desde una
perspectiva constitucional”, ha analizado el punto desde el Derecho
español, expresando que “la función
jurisdiccional en un Estado Constitucional de Derecho es muy diferente de la
propia en un Estado legal de Derecho.” Y agrega: “Ahora bien, a pesar de ello, el órgano superior del Poder Judicial
sigue careciendo de legitimidad para crear derecho y por ello la jurisprudencia
no es fuente del Derecho”, todo lo cual ratifica así:
El artículo 1 del Código Civil dispone en su apartado primero que
“las fuentes del ordenamiento jurídico español son la Ley , la costumbre y los
Principios Generales del Derecho”. El mismo artículo en su apartado sexto
añade: “la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la
doctrina que, de modo reiterado, establece el Tribunal Supremo al interpretar y
aplicar la Ley ,
la costumbre y los
Principios Generales del Derecho”.
La jurisprudencia, a la que se refiere el Código Civil y a la que la Constitución no cita,
consiste en las sentencias reiteradas
del Tribunal Supremo, uniformes y constantes, precisándose al menos de
dos sentencias sustancialmente iguales.
Ríos de tinta han corrido sobre el artículo 1 del Código Civil.
Por lo que a nuestro tema interesa la cuestión principal ha sido determinar si
la jurisprudencia es fuente del Derecho o no. En este sentido, y como es bien
sabido, la doctrina mayoritaria ha rechazado que la jurisprudencia, entendida
como las sentencias del Tribunal Supremo reiteradas, uniformes y constantes,
forme parte del ordenamiento jurídico.
Así, del empleo del término complementar en vez de completar el
maestro Hernández Gil ha deducido con meridiana claridad que el ordenamiento
está ya completo sin la jurisprudencia.
Igualmente, dado el carácter no vinculante de las resoluciones
judiciales que permite a Jueces y Tribunales separarse de la interpretación del
derecho realizada por el Tribunal Supremo, se ha podido concluir que la
jurisprudencia no es fuente del Derecho.
La jurisprudencia no es vinculante para el propio Tribunal Supremo
que puede modificarla y no está sujeto al precedente judicial por muy reiterado
que este sea; y tampoco es vinculante para los órganos judiciales inferiores
pues nuestro ordenamiento constitucional no establece la vinculación de los
órganos judiciales inferiores a las resoluciones de los superiores en grado. La
única e imprescindible sumisión del juez constitucionalmente legítima es la
establecida a la Ley.
En nuestro ordenamiento constitucional se establece de forma clara
y rotunda la vinculación del Juez a la Ley. El artículo 117 del Texto Constitucional
dispone en el apartado primero que los jueces están sometidos únicamente a la Ley , que no pueden dejar de
aplicar sin violar la
Constitución. La vinculación, innecesario es recordarlo, no
es sólo a la Ley
sino al conjunto del ordenamiento jurídico. En este sentido el artículo 6 de la LOPJ establece que “los
Jueces y tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición
contrarios a la
Constitución , a la
Ley o al principio de jerarquía normativa”, de donde a sensu contrario se deduce que de no
darse esa contradicción, el órgano judicial también está vinculado a dichas
normas.
Esta vinculación a la ley es un principio constitucional común del
Derecho continental europeo, derivado del proceso histórico de gestación del
Estado Constitucional surgido de la Revolución francesa y expuesto en el epígrafe
anterior. El establecimiento del Estado de Derecho supuso ante todo el rechazo
de la arbitrariedad, e inicialmente ese rechazo se proyectó en el ámbito
judicial, sometiendo a los jueces a la legalidad.
Creo entonces que una cosa es rechazar el papel de creador del
Derecho del juez que se derivaría de la consideración de la jurisprudencia como
fuente del Derecho, y otra afirmar que la labor del órgano judicial se reduzca
a una aplicación automática de la
Ley como quiere Tajadura. Por esa razón, son muy
significativas, las expresiones del profesor Rodolfo Arango[18],
quien analiza las ventajas o desventajas de un sistema de precedentes
constitucionales al decir:
…(L)a Corte no controla lo que ella produce, en la medida en que
una jurisprudencia coherente es imposible en las actuales circunstancias. Con
esto ella misma contribuye al desprestigio de sus fallos, genera inseguridad
jurídica y opaca la función de guarda supremo del orden constitucional. Esta
situación se origina en varios factores, entre ellos el volumen de decisiones,
la división interna de trabajo en nueve salas de tutela, la falta de una
educación legal conocedora de la técnica de precedentes, el excesivo individualismo
de sus magistrados, etc. Algunos de estos problemas pueden corregirse sobre la
marcha, como por ejemplo la actualización en materia constitucional, mientras
que otros dependen de una decisión política. Me refiero a la modificación de la
decisión de que la Corte
intervenga en la mayor cantidad de casos para hacer justicia material en
infinidad de situaciones injustas, para acrecentar su radio de influencia en la
tarea de transformar la realidad nacional. Pero pasada la etapa de
consolidación de la
Corte Constitucional habría que pensar en la consolidación de
su jurisprudencia como guía de la doctrina constitucional en el país. Para ello
se requiere una reducción del número de salas de tutela, y quizás una
especialización de la Corte
en dos grandes salas, una competente para decidir sobre el control de actos
reformatorios de la constitución, leyes o decretos con fuerza de ley, y la otra
para decidir casos de tutela, como sucede, por ejemplo, en el tribunal
constitucional alemán. Esto, unido a la posibilidad de decidir
discrecionalmente qué casos de tutela se revisan por la Corte , contribuiría a la
construcción de líneas jurisprudenciales más claras y consistentes.
Sin embargo, siguiendo los lineamientos de la Sentencia C-836 de
2001, si la parte de las sentencias que tiene fuerza normativa son los
principios y reglas jurídicas, ello significa para la Corte , que no todo el texto
de su motivación resulta obligatorio.
Para determinar qué parte de la motivación de las sentencias tiene
fuerza normativa resulta útil la distinción conceptual que ha hecho en diversas
oportunidades la
Corporación constitucional entre los llamados obiter dicta o afirmaciones dichas de
paso, y los ratione decidendi o
fundamentos jurídicos suficientes, que son inescindibles de la decisión sobre
un determinado punto de derecho, pues son las razones que han sido
especialmente relevantes para la adopción de la decisión concreta del Tribunal
Constitucional[19]; de ahí que en el nuevo
constitucionalismo, ha buscado realizar esfuerzos por precisar cual es la subregla que se enuncia en una sentencia y,
según Diego López Medina[20],
a este esfuerzo hermenéutico se le ha denominado también “análisis estático de
sentencias”.[21] Sólo estos últimos - los ratione decidendi-, resultan obligatorios, mientras los obiter dicta, o aquellas
afirmaciones que no se relacionan de manera directa y necesaria con la
decisión, constituyen criterios auxiliares de la actividad judicial en los
términos del inciso 2º del artículo 230 de la Constitución.[22]
EL PRECEDENTE:
Manuel Ossorio[23]
en su “Diccionario de Ciencias Jurídicas,
Políticas y Sociales”, define el precedente como “anterior en el tiempo o en el espacio. Resolución similar de un caso
planteado antes y que se invoca para reiteración por aquel a quien favorece.”
“La Constitución Política de 1991 marca una pauta inicial para el
desarrollo del Estado constitucional de Derecho y del neo-constitucionalismo en
el país, elementos que suponen un cambio de paradigma en el Estado de derecho
liberal.
El Estado constitucional surge en
Europa tras la segunda posguerra como producto de la difusión de las
constituciones rígidas y del control de constitucionalidad en leyes ordinarias
y como un modelo que entra a desplazar al Estado legislativo de Derecho como
primera etapa del Estado moderno, basado en el monopolio de la producción
jurídica por parte del Estado y en el principio de legalidad como norma de
reconocimiento del Derecho positivo vigente (Ferrajoli,
2003) De esta manera, con la introducción del Estado constitucional, se
pasa de un modelo netamente positivista a uno garantista, en el cual la
producción jurídica estatal se encuentre disciplinada por normas y garantías,
que, a su vez, llevan implícita la imposibilidad de modificar ciertos
principios y derechos considerados como fundamentales, los cuales son definidos
por el Tribunal Constitucional.
Es así como surge el
neo-constitucionalismo dentro del modelo de Estado en cuestión, el cual se
caracteriza, entre otras cosas por la existencia de una Constitución rígida, la
garantía jurisdiccional, la fuerza vinculante de las normas constitucionales,
la aplicación directa de las mismas y el control de constitucionalidad.
Siguiendo este orden de ideas, la existencia del neo-constitucionalismo en
Colombia lleva consigo dos presupuestos: el reconocimiento de la supremacía de la Constitución y de los
derechos fundamentales, en la medida en que van a ser estos el eje y la medida
de todo el derecho y, correlativamente, la creación de una Corte Constitucional
como tribunal especializado para la concreción e interpretación de la Constitución misma.
Igualmente, esta creación conlleva a dos modificaciones: una al sistema de
fuentes del derecho, luego de atribuírsele fuerza vinculante a la
jurisprudencia de la
Corte Constitucional ; y otra al equilibrio de los poderes, en
el momento en el que se le otorga un rango de superioridad a la Corte Constitucional ,
que es concebida como un órgano activo en la labor de producción de normas (Bernal, 2008)[24]”.
Michelle Taruffo[25],
en su artículo “Precedente y Jurisprudencia”, señala la gran importancia de la
utilización del precedente y de la jurisprudencia en la vida del derecho de los
ordenamientos modernos, no sólo porque está presente en el sistema del Common Law, sino porque además se ha
venido incluyendo en el sistema del Civil
Law, donde precisamente se hace en verdad un amplio uso de la
jurisprudencia.
Incluso en la Sentencia T-337 de 1995[26], la Corte Constitucional
advirtió acerca del precedente lo siguiente:
“El
precedente judicial se construye a partir de los hechos de la demanda. El
principio general en el cual se apoya el juez para dictar su sentencia,
contenida en la ratio decidendi, está compuesta, al igual que las reglas
jurídicas ordinarias, por un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica (…)
De ahí que, cuando en una situación similar, se observe que los hechos
determinantes no concuerden con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado
para no considerar vinculante el precedente.”
En Colombia, prácticamente desde 1991, se ha venido dando
una discusión sobre si las decisiones de la Corte Constitucional
poseen o no el carácter de precedente, pero en ocasiones podríamos decir que se
basaron en corazonadas, sentimentalismos o pensamientos equivocados acerca de
instituciones como la
Iglesia Católica , contrariando lo que se denomina “moral
cristiana”, entendida ésta como la de la casi totalidad de los colombianos;
entonces, la conclusión es que a través de muchas decisiones de la Corte Constitucional ,
hemos estado sometidos a las minorías.
Según el doctrinante Carlos Bernal Pulido, en su texto “La fuerza vinculante de
la jurisprudencia constitucional en el orden jurídico colombiano”, “La evolución de la jurisprudencia
constitucional referente al tema de la fuerza vinculante de la misma se ha
desarrollado en diversas sentencias de la Corte , entre las cuales podemos destacar las
siguientes:
•
Sentencia C-113
de 1993: Reconoce la fuerza vinculante como un elemento de la cosa juzgada
constitucional.
•
Sentencia C-131
de 1993: Vincula a todos los jueces al reconocimiento obligatorio de la fuerza
vinculante de la jurisprudencia y desarrolla los conceptos de cosa juzgada
explícita e implícita.
•
Sentencia C-037
de 1996: Condiciona la constitucionalidad del artículo 48 de la Ley 270 de 1996, a que se entendiera
que las sentencias de constitucionalidad y de tutela son obligatorias en su
parte resolutiva y en la ratio
decidendi de la parte motiva.
•
Sentencia C-252
de 2001: Hace referencia a las dos posturas sobre el reconocimiento de la
fuerza vinculante de la jurisprudencia, la tradicional, que reconoce la fuerza
vinculante valor supletorio, y la reformadora, que reconoce su obligatoriedad
como fuente principal de derecho. Además, exige a los jueces una aplicación
rigurosa y disciplinada del precedente (al igual que la sentencia SU-1553 de
2000), reconoce que la ratio decidendi
de las sentencias de tutela es norma constitucional, de alcance general y
aplicación obligatoria (también la
T-566 de 1998), y consagra la sujeción de los jueces a la
jurisprudencia constitucional para garantizar la seguridad jurídica, la
coherencia del sistema normativo, la libertad ciudadana, el desarrollo
económico, el derecho a la igualdad y el control judicial (también las
sentencias SU-047 de 1999, C-569 de 2001 y T-566 de 1998).
•
Sentencias C-131
de 1993, SU-047 de 1999, SU-1300 de 2001, C-569 de 2001, T-960 de 2001, T-1317
de 2001, T-1022 de 2002 y T-039 de 2003: Consagran que el objeto que despliega
fuerza vinculante se predica sólo de la ratio
decidendi.
•
Sentencias C-836 de 2001, T-960 de 2001 y
T-012 de 2003: Consagran que la jurisprudencia constitucional puede variar
cuando tenga argumentos suficientes para considerar errado el precedente
anterior.”
DESARROLLO:
El magistrado mexicano Jaime Manuel Marroquín Zuleta[27],
explica desde el movimiento jurídico norteamericano, que “la sentencia no es un silogismo ni desde el punto de vista psicológico,
ni como complejo de ideas.” Y lo justifica así:
“Hace
tiempo, se llevó a cabo una encuesta de alcance mundial entre jueces de todos
los niveles pidiéndoles que expusieran el modo como funcionaba su mente al
impartir justicia. Las contestaciones fueron muy parecidas. Al enfrentarse con
el proceso, se sentían como en un mar de tinieblas. Examinaban el asunto en
todas sus fases. Súbitamente se hacía claridad y el juez sabía cómo sentenciar:
aparecía el fallo en esbozo. En este boceto se contenía la decisión, los hechos
probados debidamente calificados y la consideración de los mismos a la luz de
la norma jurídica pertinente: Primero no había nada y luego un triángulo ya
cnstituido y no formado por adhesión sucesiva de sus tres lados. Jerome Frank
(realista norteamericano), denominó a este acto mental hunch, que equivale a
“corazonada, premonición, presentimiento o latido”. En realidad se trata de una
clara intuición intelectual.
Como
se ve, los anteriores argumentos tienden a demostrar, que la sentencia es un
acto predominante volitivo, en la que el juzgador se ve obligado a hacer una
serie de juicios axiológicos. Además, la parte esencial de la sentencia que es
la decisión jurisdiccional, está determinada básicamente por un juicio de
carácter intuitivo.”
Recientemente, en el libro “Justicia Constitucional y Arbitrariedad de los Jueces: Teoría de la Legitimidad en la Argumentación de las
Sentencias Constitucionales”, publicado por la conocida editorial española,
Marcial Pons, el profesor Gabriel Mora Restrepo[28]
estudia casos reales y controvertidos fallados por la Corte Constitucional
colombiana y que hoy se consideran como “precedentes incontrovertibles”,
aunque, como se expresó en la reseña del texto[29],
Mora Restrepo “pone en evidencia cómo los
jueces constitucionales desconocen elementos centrales de todo proceso de
razonamiento jurídico, generando así un conjunto de decisiones que distan mucho
de las exigencias de la justicia y el orden constitucional.”
Gabriel Mora Restrepo, Jefe del Área de Filosofía del
Derecho y Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho en la Universidad de La Sabana , recuerda el momento
en el cual se despenalizó la
Eutanasia en 1997 y uno de los ponentes de la iniciativa, el
entonces Magistrado Carlos Gaviria, argumentó que la decisión tomada por el
Tribunal obedecía a que “la Constitución tiene conceptos vacíos en los cuales caben
distintas concepciones, incluso contradictorias entre sí”. “Según esta tesis
—sostiene Mora— los textos constituciones no tendrían fuerza jurídica propia,
sino que serían dependientes de la lectura que cada intérprete haga de ellos.
Si esto es así, resultaría tan constitucional como inconstitucional permitir la
eutanasia como castigarla; legalizar la dosis personal de la droga como
prohibirla; legalizar el aborto como condenarlo, todo lo cual dependería
de las mayorías imperantes en la
Corte en un momento determinado, lo cual transforma a la Constitución en un
instrumento de lucha ideológica entre quienes están llamados a defenderla: los
jueces constitucionales”.
En contra de estas tesis, que tanto arraigo han encontrado en ciertos ambientes académicos colombianos, Mora Restrepo “propone el ejercicio de una judicatura responsable y muestra que existen alternativas, condiciones y reglas de razonamiento jurídico para tener en cuenta en los procesos judiciales, de forma que estén acordes con la teoría de la justicia y no con el juego de los intereses personales de los jueces.”
Desde que se instaló la Corte Constitucional
el 17 de febrero de 1992, se han identificado una tesis escéptica y una tesis
optimista frente al tema del precedente.
Esas dos tesis, acogidas tanto en la jurisprudencia como en
la doctrina, corresponden a la siguiente explicación[30]:
- En cuanto a la tesis escéptica, acogida
también en las sentencias T-321 de 1998[31] y T-267 de 2000[32] de
“La
tesis escéptica descree la posibilidad de fundamentar la idea de precedente en
el Derecho colombiano. Su principal asidero estriba en una interpretación
histórica y literal del mencionado artículo 230 de la Constitución. Fiel
a la voluntad del Constituyente, esta interpretación sostiene que la Constitución definió a la ley como la única fuente del Derecho que
vincula al juez, para proteger la independencia judicial. Además, esta tesis
señala que en el Derecho colombiano no existe una disposición que imponga al
juez el deber de sujetarse a la jurisprudencia de las altas cortes y que el
principio del stare decisis es propio de un modelo de <case law>,
incompatible con nuestro sistema de Derecho continental.”
Según Weaver, citado por Linares Quintana[33],
la doctrina del stare decisis, “es de una gran importancia en la interpretación
de la Constitución ,
que, a través de la aplicación de aquella, es materia de invariable
interpretación sujeta al control de la Suprema Corte ; proporciona uniformidad y
estabilidad a la interpretación constitucional, porque establece que una interpretación,
una vez formulada, no debe ser abandonada sin graves y sólidas razones. Sin
embargo, la regla de stare decisis no posee carácter absoluto y, de amplia
aplicación en el derecho privado, solamente tiene limitado alcance en el campo
del derecho constitucional. El Justice de la Suprema Corte
norteamericana Reed ha dicho, en el leading case Smith v. Allwriglet, que
<no descuidamos la conveniencia de la continuidad de las decisiones en las
cuestiones constitucionales. Sin embargo, cuando se convenció de su error
anterior, esta Corte nunca se sintió obligada a seguir el precedente. En las
cuestiones constitucionales, cuando la corrección depende de la enmienda y no
de la acción legislativa, esta Corte, a través de su historia, ha ejercido
libremente su poder de reexaminar las bases de sus decisiones constitucionales.
Esto es particularmente exacto cuando la decisión considerada errónea es la
aplicación de un principio constitucional más bien que la interpretación de la Constitución para
extraer el principio mismo>.”
Ese principio del stare
decisis, traducido como “acatar las decisiones”, “estarse a lo decidido”, o
de la “obligatoriedad horizontal del precedente jurisprudencial”[34],
es también analizado por el profesor Mario Alberto Cajas[35],
para quien ese principio del precedente, “tiene que ver con la sujeción de
los jueces a los fallos previos o la
decisión presente que gobierna los casos
similares o análogos en el futuro. El precedente puede vincular al juez frente
a sus propios fallos (precedente horizontal) o
a los jueces inferiores en jerarquía con respecto a los fallos que sobre
casos análogos hayan proferido sus jueces superiores en jerarquía (precedente
vertical). Esto obliga a seguir reglas o
subreglas fijadas en los fallos, que en el caso del precedente vertical pueden
tener -en la práctica- efectos generales por vía de la interpretación que hacen
los jueces, más allá de los efectos
concretos o inter partes de la decisión
del juez. De manera muy general, se
puede afirmar que la aplicación o no de un precedente dependerá, entre otros
factores, de las similitudes y las diferencias fácticas que existen entre el
caso a resolver y el caso que dio lugar al precedente. Esto requiere experticia sobre el modo como se analizan los
hechos de un caso frente a otro. Es necesario valorar si aquellos que fueron
evaluados y que produjeron un fallo son análogos o no frente a aquellos que se deben decidir en el nuevo caso. El
juez, una vez que valora esas semejanzas y diferencias, puede decidir:
1. Aplicar (apply) la regla del
precedente cuando se trate de dos litigios verdaderamente similares.
2. Seguir (follow) la regla del precedente cuando a pesar de
que existen diferencias relevantes entre los dos casos, a juicio del tribunal, éstas no justifican un trato
jurídico distinto, y por tanto, extiende, a través del razonamiento analógico,
la regla del precedente al nuevo supuesto.
3 Distinguir (distinguish)
esto es, no aplicarla en el asunto que resuelve y crear una nueva regla,
cuando a criterio del tribunal las diferencias entre ambos casos son
significativas y merecen un trato jurídico distinto.”
Los profesores argentinos Julio César Rivera (hijo) y
Santiago Legarre[36], dicen que hay un
principio conocido como de stare decisis
vertical, que rige en los países del common
law, los jueces se encuentran obligados a resolver los casos que se
encuentran pendientes de decisión, ateniéndose a lo resuelto por sentencias
precedentes dictadas en casos similares por jueces de la misma jurisdicción de
jerarquía superior.
Sin embargo, dichos autores sostienen que para el caso
argentino el principio del stare decisis
vertical no rige, “puesto que los
tribunales inferiores pueden –no de hecho, sino en el sentido jurídico de
“pueden”: están autorizados por el sistema-, dadas ciertas condiciones, de
apartarse del holding de los precedentes de los tribunales jerárquicamente
superiores”; es decir, que estos tribunales inferiores, -a juicio de estos
autores, que compartimos-, entienden que, en determinadas circunstancias,
pueden válidamente apartarse de lo decidido por el máximo tribunal argentino
–caso similar debería ocurrir en Colombia-; y más aún, esos jueces inferiores
entienden que en algunos casos deben hacerlo.
- En cuanto a la tesis optimista sobre el
precedente, que se ha aceptado desde 1995 y se basa en tres argumentos:
“El
primer argumento destaca la imposibilidad de trazar una barrera fronteriza
entre la creación del Derecho mediante la ley y su aplicación mediante la
jurisprudencia. Esta imposibilidad hace que carezca de sentido enajenar toda
virtualidad creadora a los procedimientos de aplicación de normas y enajenar a
su producto –la jurisprudencia- la posibilidad de convertirse en fuente de
derecho.
El
segundo argumento señala que la atribución del carácter de precedente a las
sentencias judiciales es imprescindible para garantizar (1) la coherencia del
sistema jurídico –si se ha decidido en el pasado un caso de determinada manera
de acuerdo con el Derecho, es coherente que hoy sea obligatorio decidir del
mismo modo un caso idéntico o similar-; (2) su estabilidad –la estabilidad de
todo sistema jurídico exige la permanencia en el tiempo de las reglas jurídicas
relativas a la aplicación del derecho a los casos concretos y a la uniformidad
de su aplicación-; y (3) el respeto del principio de igualdad –el Derecho debe
tratar del mismo modo a los sujetos implicados en casos idénticos, similares,
anteriores, presentes y futuros-.
El
tercer argumento aduce es posible desvirtuar la interpretación estricta del
artículo 230 de la
Constitución en que se basa la tesis escéptica. Por una
parte, el reconocimiento de que los jueces están vinculados a la jurisprudencia
no pone en peligro la independencia judicial. La independencia judicial se
garantiza cuando el juez está vinculado al sistema de fuentes del Derecho y no
a las opiniones o intereses personales de otras autoridades del Estado. La
atribución de fuerza vinculante a la jurisprudencia implica que el juez está
sujeto a las sentencias judiciales que han resuelto casos pasados, y no a las
opiniones o intereses de los demás jueces, sobre todo de los magistrados de las
altas cortes.”
La sentencia C-836 de 2001 de la Corte Constitucional ,
sostiene que el precedente[37]
es fuente formal de derecho y analiza las razones por las cuales ello es así
dentro del marco de la
Constitución de 1991, que introdujo transformaciones
sustanciales y orgánicas que llevan ineludiblemente a esta conclusión y que
complementan las consideraciones en las que se fundó la Corte para hacerlo:
Los
argumentos se refieren a cuestiones que tradicionalmente han gravitado, con
mayor o menor fortuna alrededor del debate sobre la fuerza vinculante de los
precedentes en nuestro sistema jurídico. En particular, haremos alusión a los
argumentos basados en (i) el derecho comparado, (ii) el sistema de fuentes y el
lugar de la jurisprudencia, (iii) la tradición jurídica colombiana, (iv) la
integridad de un ordenamiento jurídico donde la Constitución es norma
de normas, (v) el equilibrio entre evolución del derecho y consistencia
jurídica, y (vi) la teoría jurídica sobre el precedente…
A pesar de que Colombia posee una experiencia muy larga que
lo matricula en la familia jurídica del Derecho Romano Germánico o Continental
Europeo o del Civil Law, en fallos
anteriores a la Sentencia
C-836 de 2001, la Corte Constitucional
ya se había expresado sobre el valor del precedente constitucional, entonces
éste toma un valor casi incontrovertible que impide a los jueces inferiores
pensar de otra forma so pena de incurrir en sanciones penales y disciplinarias,
porque en nuestro caso, las sentencias del Alto Tribunal de Constitucionalidad,
“tienen la naturaleza de normas jurídicas
individualizadas, y en los casos en que los criterios contenidos en ellas,
adquieran el rango de tesis jurisprudenciales, constituirán –desde el punto de
vista material- auténticas normas jurídicas generales, impersonales, abstractas
y obligatorias.”[38]
En otro caso que traemos como ejemplo, la Sentencia SU-047
de 1999 con ponencia del Magistrado Alejandro Martínez Caballero, dijo que el
precedente…
“cumple
funciones esenciales en los ordenamientos jurídicos, incluso en los sistemas de
derecho legislado como el colombiano. Por ello, tal y como esta Corte lo ha
señalado, todo tribunal, y en especial el juez constitucional, debe ser
consistente con sus decisiones previas, al menos por cuatro razones de gran
importancia constitucional. En primer término, por elementales consideraciones
de seguridad jurídica y de coherencia del sistema jurídico, pues las normas, si
se quiere que gobiernen la conducta de los seres humanos, deben tener un
significado estable, por lo cual las decisiones de los jueces deben ser
razonablemente previsibles. En segundo término, y directamente ligado a lo
anterior, esta seguridad jurídica es básica para proteger la libertad ciudadana
y permitir el desarrollo económico, ya que
una caprichosa variación de los criterios de interpretación pone en
riesgo la libertad individual, así como la estabilidad de los contratos y de
las transacciones económicas, pues las personas quedan sometidas a los
cambiantes criterios de los jueces, con lo cual difícilmente pueden programar
autónomamente sus actividades. En tercer término, en virtud del principio de
igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera
distinta por un mismo juez. Y finalmente, como un mecanismo de control de la
propia actividad judicial, pues el respeto al precedente impone a los jueces
una mínima racionalidad y universalidad, ya que los obliga a decidir el problema
que les es planteado de una manera que estarían dispuestos a aceptar en otro
caso diferente pero que presente caracteres análogos. Por lo anterior, es
natural que en un Estado de derecho, los ciudadanos esperen de sus jueces que
sigan interpretando las normas de la misma manera, por lo cual resulta válido
exigirle un respeto por sus decisiones previas.”[39]
Esto ha llevado, según el profesor Carlos Bernal Pulido[40],
a expresar que en Colombia se ha
producido una verdadera mutación constitucional, lo cual se explica en las
mismas normas contenidas en el Decreto 2067 de 1991[41],
especialmente en los artículos 14 al 19, y en los artículos 33 al 36 del
Decreto 2591 de 1991[42],
referidos tanto al cumplimento de los fallos de constitucionalidad, como a los
de tutela de la Corte ,
que dicen así:
Artículo 14. Las decisiones sobre la
parte resolutiva de la sentencia deberán ser adoptadas por la mayoría de los
miembros de la
Corte Constitucional. Los considerandos de la sentencia
podrán ser aprobados por la mayoría de los asistentes. Cuando no fueren
aprobados, podrán adherir a ellos los magistrados que compartan su contenido.
Los magistrados podrán en escrito separado aclarar su voto o exponer las
razones para salvarlo.
Los magistrados que aclaren o salvaren
el voto dispondrán de cinco días para depositar en la Secretaría de la Corte el escrito
correspondiente.
En todo caso de contradicción entre la
parte resolutiva y la parte motiva de un fallo, se aplicará lo dispuesto en la
parte resolutiva.
Parágrafo. Se entiende por mayoría
cualquier número entero de votos superior a la mitad del número de magistrados
que integran la Corte
o de los asistentes a la correspondiente sesión, según el caso.[43]
Artículo 15. Cuando no se reúna la
mayoría necesaria, volverán a discutirse y votarse los puntos en que hayan
disentido los votantes.
Artículo 16. La parte resolutiva de la
sentencia no podrá ser divulgada sino con los considerandos y las aclaraciones
y los salvamentos de voto correspondientes, debidamente suscritos por los
magistrados y el Secretario de la
Corte.[44]
El Secretario enviará inmediatamente
copia de la sentencia a la
Presidencia de la República y al Congreso de la República. La
Presidencia de la República
promoverá un sistema de información que asegure el fácil acceso y consulta de
las sentencias de la
Corte Constitucional.
Artículo 17. Cuando el proyecto de
fallo no fuere aprobado, el magistrado sustanciador podrá solicitar al
Presidente de la Corte
que designe a otro para que lo elabore. Cuando el criterio de un magistrado
disidente hubiere sido acogido, el Presidente de la Corte podrá asignarle la
elaboración del proyecto de fallo.
Artículo 18. Las sentencias serán
publicadas con los salvamentos y aclaraciones en la Gaceta de la Corte Constitucional ,
para lo cual se apropiará en el presupuesto la partida correspondiente.[45]
Artículo 19. Las deliberaciones de la Corte Constitucional
tendrán carácter reservado. Los proyectos de fallo serán públicos después de
cinco años de proferida la sentencia.
Salvo los casos previstos en este
Decreto, en las deliberaciones de la
Corte no podrán participar servidores públicos ajenos a ésta.
Agregándose a esta referencia de los
artículos 14 al 19 del decreto 2591 de 1991, en Colombia, para el efectivo
cumplimiento de los fallos de tutela, el Decreto 2591 de 1991, reglamentario de
esta acción[46], se ha establecido un
procedimiento específico y concordante con el espíritu de las normas
constitucionales que regulan la materia (arts. 86 y 241), pues, en palabras de la Corte , “no tendría sentido que en la Constitución se consagraran derechos
fundamentales si, aparejadamente, no se diseñaran mecanismos por medio de los
cuales dichos derechos fuesen cabal y efectivamente protegidos.”[47],
en los términos de los artículos 33
a 36 del citado decreto:
Artículo 33. REVISIÓN POR LA CORTE CONSTITUCIONAL.
La Corte
Constitucional designará dos de sus Magistrados para que
seleccionen, sin motivación expresa y según su criterio, las sentencias de
tutela que habrán de ser revisadas. Cualquier Magistrado de la Corte , o el Defensor del
Pueblo, podrá solicitar que se revise algún fallo de tutela excluido por éstos
cuando considere que la revisión puede aclarar el alcance de un derecho o
evitar un perjuicio grave. Los casos de tutela que no sean excluidos de
revisión dentro de los 30 días siguientes a su recepción, deberán ser decididos
en el término de tres meses.[48]
Artículo 34. DECISIÓN EN SALA. La Corte Constitucional
designará los tres Magistrados de su seno que conformarán la Sala que habrá de revisar los
fallos de tutela de conformidad con el procedimiento vigente para los
Tribunales del Distrito judicial. Los cambios de jurisprudencia deberán ser
decididos por la Sala Plena
de la Corte ,
previo registro del proyecto de fallo correspondiente.[49]
Artículo 35. DECISIONES DE REVISIÓN.
Las decisiones de revisión que revoquen o modifiquen el fallo, unifiquen la
jurisprudencia constitucional o aclaren el alcance general de las normas
constitucionales deberán ser motivadas. Las demás podrán ser brevemente
justificadas.
La revisión se concederá en el efecto
devolutivo pero la Corte
podrá aplicar lo dispuesto en el artículo 7o. de este Decreto.
Artículo 36. EFECTOS DE LA REVISIÓN. Las
sentencias en que se revise una decisión de tutela solo surtirán efectos en el
caso concreto y deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal
competente de primera instancia, el cual notificará la sentencia de la Corte a las partes y
adoptará las decisiones necesarias para adecuar su fallo a lo dispuesto
por ésta.
Por su parte, al tenor de un Auto, el
010 de 2004[50], los artículos 23, 27 y
52 del mismo decreto 2591 de 1991 se refieren al contenido que deben tener los
fallos de tutela, a las garantías de su cumplimiento y a las sanciones
derivadas de su eventual inobservancia.
En ese orden, Rodrigo Escobar Gil dice
que, El primero (art. 23) establece que cuando la solicitud vaya
dirigida contra una acción de autoridad, el fallo que concede la tutela tendrá
por objeto “garantizar al agraviado el
pleno goce de su derecho, y volver al estado anterior a la violación, cuando
fuere posible”. Asimismo, destaca que si lo impugnado es la denegación de
un acto o una omisión, el fallo tendrá que ordenar su realización o desarrollar
la acción adecuada, y en caso de que la autoridad no expida el acto
administrativo, el juez deberá disponer lo necesario “para que el derecho sea libremente ejercido sin más requisitos”.
En el evento de tratarse de una actuación material, o de una amenaza, le impone
al juez el deber de ordenar su inmediata cesación así como evitar toda nueva
amenaza, violación, perturbación o restricción. En su último inciso, la norma
le otorga competencia al juez para que, de todas maneras, establezca los demás
efectos del fallo según las condiciones imperantes en el asunto sometido a
juicio.
El segundo (art. 27) dispone que una vez proferido el fallo que
concede la tutela, la autoridad responsable del agravio lo deberá cumplir sin
demora, precisando que si ello no ocurre, el juez debe dirigirse al superior
del responsable para que lo haga cumplir y abra el respectivo proceso
disciplinario en su contra. Si el superior no procede conforme a lo ordenado,
la norma le permite a la autoridad judicial ordenar que se abra proceso
disciplinario en su contra y “adopta[r]
directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo”,
pudiendo sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que den
cumplimiento al fallo. Prevé el precepto en cita que, en todo caso, “el juez establecerá los demás efectos del
fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté
completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza”.
(Negrillas y subrayas fuera de texto original).
Finalmente, el tercero (art. 52)
se ocupa del incidente de desacato, ordenando que quien incumple la orden
judicial de tutela será sancionado “con
arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales…”;
sanción que debe imponer el mismo juez de amparo mediante trámite incidental, y
que será consultada al superior jerárquico quien le compete decidir dentro de
los tres días siguientes si cabe revocar o no la sanción.
Según el citado Auto 010 de 2004, “(D)e acuerdo con tal régimen jurídico y
teniendo en cuenta el objetivo que persigue el recurso de amparo
constitucional, es claro que las órdenes contenidas en las decisiones de
tutela, dirigidas a la protección de los derechos, tienen que acatarse y
cumplirse sin excepción. La autoridad o el particular que haya sido declarado
responsable de la amenaza o violación, debe cumplir la orden encaminada a la
protección de los derechos fundamentales en los términos que lo indique la
sentencia y en el plazo allí señalado. El incumplimiento de la decisión
conlleva una violación sistemática de la Carta. Por una parte, en cuanto frustra la
consecución material de los fines esenciales del Estado, como son la
realización efectiva de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta , el mantenimiento de
la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (Preámbulo, arts. 1° y
2°). Y por la otra, en cuanto dicha omisión contraría, además de las normas
constitucionales que regulan la acción de tutela y el derecho infringido,
también aquellas que reconocen en el valor de la justicia y en los derechos al
debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, pilares
fundamentales del modelo de Estado Social de Derecho (arts. 29, 86 y 230).”
Y es que, si bien en forma paralela al
cumplimiento de la decisión cabe iniciar el trámite de desacato, este último
procedimiento no puede desconocer ni excusar la obligación primordial del juez
constitucional, cual es la de hacer cumplir integralmente la orden judicial de
protección.
Como lo afirmó la Alta Corporación
Constitucional en la
Sentencia T-458 de 2003,
“el
trámite del cumplimiento [del fallo] no es un prerrequisito para el desacato,
ni el trámite de desacato es la vía para el cumplimiento. Son dos cosas
distintas el cumplimiento y el desacato. Puede ocurrir que a través del trámite
de desacato se logre el cumplimiento, pero esto no significa que la tutela no
cumplida sólo tiene como posibilidad el incidente de desacato.”[51]
Las diferencias entre cumplimiento y
desacato fueron fijadas por la
Corte en la Sentencia T-744 de 2003, en los siguientes
términos:
“i)
El cumplimiento es obligatorio, hace parte de la garantía constitucional; el
desacato es incidental, se trata de un instrumento disciplinario de creación
legal.
ii)
La responsabilidad exigida para el cumplimiento es objetiva, la exigida para el
desacato es subjetiva.
iii)
La competencia y las circunstancias para el cumplimiento de la sentencia se
basan en los artículos 23 y 27 del decreto 2591 de 1991. La base legal del
desacato está en los artículos 57 y 27 del mencionado decreto. Es decir que en
cuanto el respaldo normativo, existen puntos de conjunción y de diferencia.
iv)
El desacato es a petición de parte interesada, el cumplimiento es de oficio,
aunque
v)
Puede ser impulsado por el interesado o por el Ministerio Público.”[52]
Así, según la Corte , independientemente de
las sanciones a que haya lugar, la autoridad judicial a quien corresponde velar
por la eficacia y efectividad de la orden de tutela, esta en la obligación
-irrenunciable- de adelantar todas las gestiones pertinentes y de agotar cada
uno de mecanismos judiciales que ofrece el ordenamiento jurídico, para lograr
el objetivo de protección inmediata a que hace referencia específica el
artículo 86 Superior. El cumplimiento y el desacato son en realidad dos
instrumentos jurídicos diferentes, que a pesar de tener el mismo origen -la
orden judicial de tutela- y tramitarse en forma paralela, en últimas persiguen
distintos objetivos: el primero, asegurar la vigencia de los derechos
fundamentales afectados, y el segundo, la imposición de una sanción a la
autoridad que ha incumplido el fallo.
En consecuencia, tratándose del
cumplimiento de la sentencia, la
Corte ha dicho que “el
juez analizará en cada caso concreto si se acató la orden de tutela o no, de
manera que si la misma no ha sido obedecida o no lo ha sido en forma integral y
completa, aquél mantiene la competencia hasta lograr su cabal y total
observancia, aun a pesar de estar agotado el incidente de desacato”.[53]
Esa afirmación, se complementa con lo
decidido por la Sala Plena
de la Corte
Constitucional , al fallar una acción de tutela por vía de
Sentencia de Unificación de Jurisprudencia SU-1300 de 2001[54],
la cual tuvo como ponente al doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, quien consagró
en la citada decisión lo siguiente con respecto al valor normativo de los
precedentes constitucionales:
En la construcción de la teoría de la obligatoriedad de
los precedentes judiciales, la Corte Constitucional ha usado los conceptos de
Decisum, ratio decidendi, y obiter dicta, para determinar qué partes de la
decisión judicial constituyen fuente formal de derecho. El decisum, la
resolución concreta del caso, la determinación de si la norma debe salir o no
del ordenamiento jurídico en materia constitucional, tiene efectos erga omnes y
fuerza vinculante para todos los operadores jurídicos. La ratio decidendi,
entendida como la formulación general del principio, regla o razón general que
constituyen la base necesaria de la decisión judicial específica, también tiene
fuerza vinculante general. Los obiter dicta o "dichos de paso", no
tienen poder vinculante, sino una "fuerza persuasiva" que depende del
prestigio y jerarquía del Tribunal, y constituyen criterio auxiliar de
interpretación. (Se sigue aquí la sentencia SU-047/99)
En el mismo sentido, en la sentencia C-037 de 1996 la Corte admitió que "tendrían
fuerza vinculante los conceptos consignados en la parte motiva que guarden una
relación estrecha, directa e inescindible con la parte resolutiva; en otras
palabras, aquella parte de la argumentación que se considere absolutamente
básica, necesaria e indispensable para servir de soporte directo a la parte
resolutiva de las sentencias y que incida directamente en ella."
En la
SU-047 de 1999, la Corte Constitucional
entendió que el fundamento del carácter vinculante general de la ratio
decidendi de las decisiones judiciales, es que los jueces deben fundar sus
decisiones, no en criterios ad-hoc, caprichosos o coyunturales, sino en
principios generales, o en reglas universales que han adoptado en casos anteriores,
o que estarían dispuestos a aplicar en casos semejantes en el futuro. El juez
debe hacer justicia en el caso concreto pero de conformidad con el derecho
vigente, por lo cual tiene el "deber mínimo" de precisar la regla
general o el principio que sirve de base a su decisión concreta.
En la sentencia que se viene siguiendo, se precisa que
"en realidad son los jueces posteriores, o el mismo juez en casos
ulteriores, quienes precisan el verdadero alcance de la ratio decidendi de un
asunto, de suerte que la doctrina vinculante de un precedente 'puede no ser la
ratio decidendi que el juez que decidió el caso hubiera escogido sino aquella
que es aprobada por los jueces posteriores'". El juez que decide el caso
no puede caprichosamente atribuir el papel de ratio decidendi a cualquier
principio o regla sino que únicamente tienen tal carácter aquellas
consideraciones normativas que sean realmente la razón necesaria para decidir
el asunto.”
Y es que la misma Corte Constitucional
ha controlado el valor y el respeto del precedente constitucional frente a
órganos de otras ramas del poder público, como cuando en el ejemplo expresado
por Carlos Bernal Pulido[55],
los ponentes de la sentencia C-586 de 1995[56],
declararon la inconstitucionalidad del artículo 112 de la Ley 104 de 1993, por ser
contrario a precedente que ya había decidido en la Sentencia C-011 de
1994[57].
Otros casos del mismo resorte se
presentaron, particularmente con la sentencia C-551 de 2003[58],
cuando la Corte
Constitucional expresó que el Congreso de la República tiene la
facultad de reformar la
Constitución , pero no el poder de sustituirla. Ahí vemos cómo
en determinados casos, nuestra Corte Constitucional colombiana ha ido más que a
decidir los asuntos que se debaten en ella, a fijar posiciones nomofilácticas[59]
basadas más en el parecer de una corriente ideológica de ciertos magistrados
que a la verdadera y justa aplicación del derecho.
También cabe mencionar, aunque sería
materia de otro análisis, que en el caso colombiano, aún está por analizarse un
fenómeno que se ha producido en algunos otros ordenamientos y es que, existe la
tendencia de citar y tener muy en cuenta en algunas jurisdicciones
constitucionales internas, las decisiones de cortes internacionales (como la Corte Interamericana
de derechos Humanos) o de cortes de otros Estados (como sentencias de la Suprema Corte de los
Estados unidos), para fundamentar decisiones que sólo son del resorte interno,
aspecto que hace parte de la creciente globalización de la cultura jurídica.
Retornando al tema preciso del artículo
230 Superior, compartimos el parecer de muchos, que como Bernal Pulido, dicen
que “es innegable que el significado
común de la expresión <<criterio auxiliar>> es incompatible con la
atribución de fuerza vinculante de la jurisprudencia”, pues es cierto que
en los casi veinte años transcurridos desde la expedición de la Carta de 1991, la
jurisprudencia ha ganado puntos y es hoy día un factor esencial y decisivo en
clave de interpretación y aplicación del derecho.
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Serie Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho # 33. Universidad Externado de
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otorgado el 25 de enero de 2005 por el Director de la Oficina de Publicaciones
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SU-1300 de 2001, M .P.
Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Auto 010 de 2004, ya citado.
COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Auto 010 del 17 de febrero de 2004
de la Corte
Constitucional , M.P., Dr. Rodrigo Escobar Gil.
COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-011 de 1994.
M .P. Dr. Alejandro Martínez
Caballero.
COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-037 de 1996, revisión
del artículo 47 de la Ley
270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia.
COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia
C-551 de 2003, M .P.
Dr. Eduardo Montealegre Lynett.
COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia
C-586 de 1995, MM .PP.
Drs. Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio Hernández Galindo.
COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-047 de 1999, M .P., Dr. Alejandro
Martínez Caballero.
COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-267 de 2000, M .P. Dr. Alejandro
Martínez Caballero.
COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-321 de 1998, M .P. Dr. Alfredo
Beltrán Sierra.
COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia
T-337 de 1995.
COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-458 de 2003, M .P. Dr. Marco
Gerardo Monroy Cabra. COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala
de Casación Civil, Sentencia del 17 de mayo de 1968.
COLOMBIA. CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Radicación 18970 del 23 de enero
de 2003, M .P.
Dr. Carlos Isaac Nader.
COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-083 de 1995, M .P. Dr. Carlos
Gaviria Díaz.
COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-068 de 2000, M .P. Dr. José
Gregorio Hernández Galindo.
COLOMBIA. CORTE
CONSTITUCIONAL. Sentencia T-744 de 2003. M .P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
COLOMBIA. CORTE
CONSTITUCIONAL. Sentencia C-836 de 2001, M .P., Dr. Rodrigo Escobar Gil.
http://www.buengobierno.com/noticia.php3?id=520,
consultada septiembre 1 de 2006.
[1] GOZAÍNI,
Osvaldo Alfredo. Sobre sentencias
constitucionales y la expresión erga omnes, en: Revista Iberoamericana de derecho Procesal Constitucional # 8,
julio a diciembre de 2008. Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional,
México, 2004, p. 189.
[2] COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de
Casación Civil, Sentencia del 17 de mayo de 1968.
[3] En Sentencia C-252 de 2001, M .P., Dr. Carlos
Gaviria Díaz, la
Corte Constitucional declaró inconstitucional el artículo 10
de la Ley 553 de
2000, y consideró este problema tan crucial, que integró la respectiva unidad
normativa declarando inexequible también el artículo 214 de la Ley 600 de 2000, fundamentando
su decisión en las siguientes consideraciones:
“Pues bien: las decisiones que toma el juez, que resuelven asuntos
sustanciales dentro de un proceso -v.gr. una sentencia-, deben consignar las
razones jurídicas que dan sustento al pronunciamiento; se trata de un principio
del que también depende la cabal aplicación del derecho al debido proceso pues,
en efecto, si hay alguna justificación en la base de las garantías que
reconocen la defensa técnica, el principio de favorabilidad, la presunción de
inocencia, el principio de contradicción o el de impugnación –todos reconocidos
por el artículo 29 C .P.-,
ha de ser precisamente la necesidad de exponer los fundamentos que respaldan
cada determinación, la obligación de motivar jurídicamente los pronunciamientos
que profiere el funcionario judicial.
Siempre será necesario, entonces, aportar razones y motivos suficientes
en favor de la decisión que se toma, mucho más si de lo que se trata es de
garantizar el derecho a la igualdad, acogiendo argumentos ya esbozados por la
jurisprudencia para la resolución de un caso.”
“Buena parte de la eficacia de un sistema respetuoso
de los precedentes judiciales radica en la necesidad de establecer un espacio
de argumentación jurídica en el que el funcionario judicial exponga
razonadamente los motivos que lo llevan a insistir o cambiar la jurisprudencia
vigente, pues es él quien, frente a la realidad de las circunstancias que
analiza, y conocedor de la naturaleza de las normas que debe aplicar, debe
escoger la mejor forma de concretar la defensa
del principio de justicia material que se predica de su labor.”
[4] En el Decreto 2700 de 1991, el texto del
230 Superior se reproduce así: Artículo 6.- (Imperio de la ley). Los funcionarios
Judiciales en sus providencias solo están sometidos al imperio de la Constitución y de la
ley. La equidad, la
jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son
criterios auxiliares de la actividad judicial.
[5] COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala
de Casación Laboral. Radicación 18970 del 23 de enero de 2003, M .P. Dr. Carlos Isaac
Nader.
[6] http://www.buengobierno.com/noticia.php3?id=520,
consultada septiembre 1 de 2010.
[7] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-083
de 1995, M .P.
Dr. Carlos Gaviria Díaz.
[8] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-068 de 2000, M .P. Dr. José
Gregorio Hernández Galindo.
[9] HESSE, Konrad. Art.
Cit., p. 166.
[10] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia
C-836 de 2001, M .P.,
Dr. Rodrigo Escobar Gil.
[11] Ver particularmente los artículos 20 al 23
del Decreto-Ley 2067 de 1991.
[12] Ver artículo 55 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria
de la Administración
de Justicia. Sentencia C-037 de 1996.
[13] Ver artículo 45 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria
de la Administración
de Justicia. Sentencia C-037 de 1996.
[14] Ese inciso decía "Excepcionalmente la Corte Constitucional podrá señalar de manera
expresa que los efectos de la cosa juzgada se aplican sólo respecto de las
disposiciones constitucionales consideradas en la sentencia. En este evento,
dentro de los diez días siguientes a la notificación del fallo, el demandante
podrá solicitar a la Corte
cualquier aclaración al respecto.", lo cual fue declarado inexequible
por la misma Corporación en Sentencia C-113 de 1993, M .P., Dr. Ciro
Angarita Barón.
[15] La Corte Constitucional
distingue los conceptos y los efectos jurídicos de la doctrina constitucional
integradora, la doctrina constitucional interpretativa y la jurisprudencia,
distinción que posee una complejidad que ha sido notada por otros comentaristas
como los profesores Mauricio García Villegas y Diego Eduardo López Medina, éste
último lo explica en El Derecho de los
Jueces, Op. Cit., p. 23. La doctrina constitucional integradora es fuente
de derecho obligatoria para todas las autoridades y los particulares. La
doctrina constitucional interpretativa y la jurisprudencia son guías auxiliares
o subsidiarias que no comprometen el criterio autónomo del operador judicial.
[16] Según la Sentencia C-083 de
1995, M .P.,
Dr. Carlos Gaviria Díaz, "al referir
a la jurisprudencia, en tanto que "criterio auxiliar de la actividad
judicial", debe entenderse que el constituyente del 91 le da al término un
alcance más amplio que el que tiene la ley 169 de 1896, puesto que no sólo la Corte Suprema de
Justicia como Tribunal de Casación, crea hoy, con su fallos, pautas plausibles
de orientación a los tribunales y jueces de niveles subalternos. Lo hacen
también otras corporaciones judiciales no existentes aún hace un siglo, como el
Consejo de Estado y la
Corte Constitucional. Queda dicho ya, que las orientaciones
así trazadas no son vinculantes sino optativas para los funcionarios
judiciales. Además, no resulta justificado ni razonable, en la actualidad,
circunscribir la jurisprudencia al campo del derecho común ni atribuir sólo al
recurso de casación la virtud de generarla."
[17] TAJADURA TEJADA, Javier. La
posición del Tribunal Supremo y el valor de la jurisprudencia: análisis desde
una perspectiva constitucional, en: Revista Iberoamericana de
Derecho Procesal Constitucional # 9. Enero a junio de 2008. Instituto
Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, México, 2008, pp. 167 a 192.
[18] ARANGO, Rodolfo. Derechos, constitucionalismo y democracia. Serie Teoría Jurídica y
Filosofía del Derecho # 33. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, D.C.,
2004, pp. 189-190. El texto se cita gracias al permiso otorgado el 25 de enero
de 2005 por el Director de la
Oficina de Publicaciones de la Universidad Externado
de Colombia.
[19] La doctrina alemana ha utilizado diversos
razonamientos para justificar que la ratio decidendi de las sentencias del Tribunal
Constitucional es también vinculante para los demás tribunales, los órganos
constitucionales y las entidades administrativas. La principal de ellas,
sostenida entre otros por Geiger, señala que la función del Tribunal es la
interpretación de los principios de la Constitución en relación con lo cual, el concreto
conflicto jurídico constitucional es solamente el motivo, la ocasión que lo
hace posible. Para ello se fundamenta, a su vez, en el propio texto del
artículo 93.l.l. de la
Grundgesetz alemana, según el cual “el Tribunal
Constitucional decide sobre la interpretación de esta Ley Fundamental con
motivo de los conflictos…”. HERNÁNDEZ VALLE, Rubén. La vinculatoriedad de las resoluciones del Tribunal Constitucional,
en: Revista Iberoamericana de Derecho
Procesal Constitucional # 1. Enero a junio de 2004. Instituto
Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, México, 2004, p. 48.
[20] LÓPEZ MEDINA, Diego y GORDILLO, Roberto. Art.
Cit. P. 5, en la cual se aclara que con ese concepto se complementa y pone al
día el análisis efectuado por López Medina en “El derecho de los Jueces”, Editorial Legis, Bogotá, 2001, capítulo
3.
[21] Sobre los conceptos de ratio decidendi y obiter
dicta ver entre otras las siguientes providencias: SU-640/98 (M.P., Dr. Eduardo Cifuentes
Muñoz), SU-047 de 1999 (M.P., Dr. Alejandro Martínez Caballero), SU-168 de
1999, (M.P., Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-937 de 1999 (M.P., Dr. Álvaro
Tafur Galvis), Auto A-016 de 2000 (M.P., Dr. Álvaro Tafur Galvis), T-961 de
2000 (M.P., Dr. Alfredo Beltrán Sierra), T-1003 de 2000 (M.P., Dr. Álvaro Tafur
Galvis), T-022 de 2001 (M.P., Dra. Cristina Pardo Schlesinger), etc.
[22] "La
equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina
son criterios auxiliares de la actividad judicial". En: OLANO GARCÍA,
Hernán Alejandro. Constitución Política
de Colombia -Comentada y Concordada-, Sexta Edición, Ediciones Doctrina y
Ley, Bogotá, D.C., 2002, p. 616.
[23] OSSORIO, Manuel
(2006), p. 749.
[24] Bernal es citado dentro de la ponencia
titulada: TRATAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE LA
COMPETENCIA EN LA CONCILIACION CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVA. UN PARTICULAR CASO SOBRE LA DOCTRINA DE LA MODIFICACION DEL
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL Y SUS POSIBLES IMPLICACIONES, presentada por la
estudiante Daniela Urzola Gutiérrez de la Universidad de
Cartagena, en el X Encuentro de la
Red de Grupos y Centros de Investigación Jurídica y
Sociojurídica de Colombia, el jueves 14 de octubre de 2010 en la Universidad de La Sabana.
[25] TARUFFO, Michelle. (2007), p. 87.
[26] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-337
de 1995.
[27] MARROQUÍN ZULETA, Jaime Manuel (2008), p.
63.
[28] MORA RESTREPO, Gabriel (2009).
[29] JURISABANA VIRTUAL, año 2 # 43, semana del
13 al 17 de abril de 2009.
[30] BERNAL PULIDO, Carlos (2005), pp. 199 y ss.
[31] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia
T-321 de 1998, M .P.
Dr. Alfredo Beltrán Sierra. En dicho fallo se expresó: No es posible exigirle a un juez autónomo e independiente, que falle en
igual forma a como lo ha hecho su homólogo. No se puede alegar vulneración del
derecho a la igualdad, si dos jueces municipales o del circuito, por ejemplo,
fallan en forma diversa casos iguales sometidos a su consideración, pues, en
esta situación, prima la autonomía del juez. Lo único que es exigible, en estos
casos, es que la providencia esté debidamente motivada y se ajuste a derecho.
Por tanto, dos funcionarios situados en la misma vértice de la estructura
jerárquica de la administración de justicia, frente a casos iguales o similares
pueden tener concepciones disímiles, hecho que se reflejará en las respectivas
decisiones. La sentencia de esta Corporación (T-123 de 1995), hace una
consideración adicional a la existencia de pronunciamientos dictados por los
órganos jerárquicamente superiores en relación con una tema o una institución
determinada, y en ejercicio de la función unificadora de la
jurisprudencia. En esos casos, al ser la
jurisprudencia un criterio auxiliar en la labor del juez, le es dado a los
juzgadores apartarse del razonamiento expuesto por el órgano superior, cuando
éste justifique y motive expresamente las razones que lo llevan a discrepar de
los razonamientos expuestos por su superior. En estos eventos, la carga que se
impone al funcionario judicial es aún más fuerte, que la impuesta cuando él
decide modificar su propio criterio, pues los gobernados fundados en el
principio de confianza legítima en los órganos del Estado, esperan que su caso sea resuelto en la misma
forma como lo ha hecho el tribunal supremo, en situaciones similares.
[32] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia
T-267 de 2000, M .P.
Dr. Alejandro Martínez Caballero. Aquí se reproducen como argumentos los
expresados por la Corte
en la Sentencia T-321
de 1998.
[33] LINARES QUINTANA,
Segundo V.(1978), p. 483.
[34] CAJAS SARRIA, Mario Alberto (2005), pp. 13 a 33
[35] CAJAS SARRIA, Mario Alberto (2007), pp. 57 a 84.
[36] RIVERA (hijo), Julio César y LEGARRE,
Santiago (2009), pp. 1109-1128.
[37] El establecimiento de la doctrina de
precedentes en Colombia se había ya estudiado por la Corte Constitucional
en las Sentencias C-083 de 1995, T-123 de 1995 y T-260 de 1995, de los
magistrados Cifuentes, Gaviria y Hernández, respectivamente, así como en las
Sentencias SU-640 de 1998, SU-168 de 1999, T-009 de 2000 y T-068 de 2000, entre
otras, sobre la fuerza precedencial de sus fallos.
[38] MARROQUÍN ZULETA, Jaime Manuel (2008), p.
291.
[39] Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL.
Sentencia SU-047 de 1999, M .P.,
Dr. Alejandro Martínez Caballero.
[40] BERNAL PULIDO, Carlos (2005), p. 175.
[41] COLOMBIA. COMISIÓN ESPECIAL LEGISLATIVA.
Decreto-Ley 2067 de 1991. En: www.noti.net
[42] COLOMBIA. COMISIÓN ESPECIAL LEGISLATIVA.
Decreto-Ley 2591 de 1991. En: www.noti.net
[43] Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL.
Sentencia C-037 de 1996, revisión del artículo 54 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria
de la Administración
de Justicia.
[44] Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL.
Sentencia C-037 de 1996, revisión del artículo 56 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria
de la Administración
de Justicia.
[45] Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL.
Sentencia C-037 de 1996, revisión del artículo 47 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria
de la Administración
de Justicia.
[46] Actio
autemnihil aliud est, quam ius persequendi indicio quod sibi debetur. En
las Institutas, se lee que acción no es otra cosa que el derecho de reclamar en
juicio lo que se me debe.
[47] Auto del 6 de agosto de 2003, Sala Primera
de Revisión de la
Corte Constitucional , ya citado.
[48] De acuerdo con el artículo 7, numeral 12,
del Decreto 262 de febrero 22 de 2000, que enuncia las funciones del Procurador
General de la Nación ,
éste puede: "…12. Solicitar ante la Corte Constitucional
la revisión de fallos de tutela, cuando lo considere necesario en defensa del
orden jurídico, el patrimonio público o de los derechos y garantías
fundamentales." También, sobre este artículo 33 la misma Corte se ha
pronunciado en relación con su exequibilidad, en las Sentencias C-018 de 1993 y
C-054 de 1993.
[49] Sobre este artículo 34, la Corte se ha pronunciado en
relación con su exequibilidad, en la Sentencia C-018 de 1993.
[50] Auto 010 del 17 de febrero de 2004 de la Corte Constitucional ,
M.P., Dr. Rodrigo Escobar Gil.
[51] Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL.
Sentencia T-458 de 2003, M .P.
Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[52] Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL.
Sentencia T-744 de 2003. M .P.
Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[53] Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Auto
010 de 2004, ya citado.
[54] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia
SU-1300 de 2001, M .P.
Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[55] BERNAL PULIDO, Carlos (2005), p. 183.
[56] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-586
de 1995, MM .PP.
Drs. Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio Hernández Galindo.
[57] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-011
de 1994. M .P.
Dr. Alejandro Martínez Caballero.
[58] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-551
de 2003, M .P.
Dr. Eduardo Montealegre Lynett.
[59] La Nomofiláctica o Nomofilaxis, se
dice especialmente de la función o cometido de ciertos tribunales que, al tener
atribuida la competencia de definir el derecho objetivo, atienden en sus
sentencias más a esta finalidad que a la cuestión concreta que enfrenta a las
partes del proceso.
Excelemte.-
ResponderBorrarQue pena quise decir: excelente!
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